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La Asociación General de Productores de Maíz de España (AGPME) ha dirigido un escrito a la titular del MARM junto a varias asociaciones de las más representativas de la cadena de producción agroalimentaria, como CESFAC, ASAJA, ASOPROVAC, o INTERCUN, para pedir al ministerio que aclare la postura real de nuestro país en las reuniones de la UE sobre los OGMs y la necesidad de no frenar su uso para no castigar más a sectores como la alimentación animal. ÂÂEn el escrito las entidades firmantes muestran su “sorpresa ante el cambio de postura de la Administración que nos representa en un tema tan sensible como es la biotecnología agraria, y en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente del pasado día 2 de marzo en Bruselas, sobre la propuesta de Austria y Hungría”. En esa reunión se debatía la cláusula de salvaguarda que tienen algunos países de la UE sobre los OGM, como Francia. Los colectivos acusan al ministerio español de “aparente incoherencia” y le Ârecuerdan el potencialmente grave impacto económico que a sectores agroalimentarios y a sus entornos socioeconómicos produciría un eventual cambio en la política sobre los OGM. Desde AGPME y del resto de firmantes se recuerda que las materias primas vegetales de origen transgénico evaluadas científicamente como sanas y seguras, y por ello producidas y consumidas por los sectores agroalimentarios a nivel mundial, son ya mayoritarias en muchos cultivos y desde luego en algunas materias primas absolutamente estratégicas como es la soja, y, en menor medida, el maíz. Renunciar a los cultivos transgénicos significa pura y simplemente renunciar a la producción ganadera y a todos los sectores que a ella se vinculan o de ella dependen, sobre todo en países como el nuestro estructuralmente deficitario en producción de materias primas. Además, la renuncia a la biotecnología en los cultivos españoles de maíz implicaría el uso extensivo de pesticidas y la pérdida de competitividad real de la producción en importantes zonas de nuestro país, sin otras alternativas productivas agrarias. Las nefastas consecuencias económicas y medioambientales de este escenario son fácilmente cuantificables. La agro-ganadería española sufre una muy acusada pérdida de competitividad a nivel internacional que cuestiona la supervivencia misma de muchos sectores incapaces de asumir incrementos de costes de producción. AGPME pide al Ministerio que se transmita a los sectores y a la sociedad la realidad del apoyo a las mejoras productivas que cuentan con los avales científicos, medioambientales y sanitarios. Por último, las entidades que han firmado la carta a la ministra han pedido una reunión formal en breve plazo para abordar junto a la administración el futuro inmediato de los OGMs en nuestro país.

Los vecinos de la localidad de BALLOBAR han sido en las dos últimas noches víctimas de los cacos, que han visitado establecimientos y fincas. Entre el “botín” sustraído figuran, mil litros de gasoil en una explotación ganadera, herramientas en las naves de la empresa TRAGSA, en la tienda de comestibles se han llevado licores y dinero, en la farmacia del pueblo dinero (a falta de inventario por si faltaran medicamentos), y han intentado entrar en el estanco del pueblo sin conseguirlo. Ademas de los muchos destrozos, cerraduras, puertas, ventanas, etc. los vecinos de Ballobar sienten lógica inquietud por esta oleada de delincuencia. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil que investiga los robos.

Por fin la DGA a través del Departamento de Agricultura y Alimentación ha dado el paso de organizar una Comisión para el Estudio y Analisis de la Situación del Comercio Agroalimentario, cuyo objetivo sera conocer y analizar cómo se forman los precios en la cadena alimentaria para informar al consumidor de forma clara y transparente, y esperemos que también para proponer soluciones cuando se descubran abusos o irregularidades. En esta Comisión participa toda la cadena alimentaria, desde los productores hasta los comerciantes y consumidores. Por parte del Gobierno de Aragón, estan representados los Departamentos de Agricultura y Alimentación, Salud y Consumo, Industria Comercio y Turismo y Medio Ambiente. También participan las organizaciones agrarias, ASAJA entre ellas, las comunidades de regantes, la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón, el Consejo Aragonés de los Consumidores y Usuarios, la Confederación de Empresarios del Comercio de Aragón y la Federación Aragonesa de Cooperativas Agroalimentarias. Con la puesta en marcha de esta comisión los productores podremos conocer el punto del proceso que altera el precio final de un producto y que no recoge nuestros costes de producción. Para demostrar la trazabilidad de los precios en la cadena alimentaria, la Comisión ha decidido iniciar los trabajos en Mercazaragoza, con el analisis del Ternasco de Aragón, la carne de cordero, cerdo y ternera y los cereales. Asimismo, esta previsto iniciar el estudio con la fruta aragonesa una vez se inicie la campaña en la Comunidad Autónoma.

Cuando se acerca el inicio de la campaña de riego, a pesar de las buenas perspectivas gracias al agua embalsada y a la nieve en las montañas, los agricultores ven cómo cada mes la factura de la electricidad del riego sube y sube sin parar, con aumentos en un año que van desde el 100% hasta el 400% en relación a la potencia o al kilowatio consumido. Desde ASAJA Aragón se denuncia que la situación esta “al límite” desde que desapareció la tarifa de riego, y los agricultores estan soportando incrementos progresivos de tarifa por potencia y por kilowatio de modo que desde junio 2008 y hasta el 30 junio 2009 las eléctricas cobran cada mes diferente, adaptando las facturas a la llamada “tarifa industrial”, que sera la que rija ya en mercado libre. Esto ha hecho que desde junio pasado algunos agricultores hayan visto aumentar “de forma desorbitada” sus facturas, con incrementos que van del 100 hasta el 400%. ÂDesde ASAJA Aragón se critica que “algunas compañías eléctricas estan cobrando los kilowatios todo igual, lo gastes cuando lo gastes, no hay tarifa valle, punta, ni llana, ni lo explican ni nada. Antes, se regaba por la noche, en tarifa valle, mas barata, ahora no sabemos cómo nos lo estan cobrando, y estan haciendo lo que les da la gana”. La situación es tan crítica que muchas explotaciones estan planteandose hacerse su propia electricidad con generadores, ya que el precio del kilowatio generado con gasóleo es ahora mismo competitivo con el que estan cobrando las compañías eléctricas, pensando ademas que las facturas van a seguir aumentando de aquí a junio hasta llegar a equipararlas a lo que quieren las compañías. Desde ASAJA Aragón se es muy crítico con la administración, que esta dejando a las eléctricas hacer sin que estas tengan que dar ninguna explicación, y todo se complica aún mas teniendo en cuenta por un lado el inminente comienzo de la campaña de riego “y ya veremos luego si podemos pagar las facturas que nos lleguen si no tenemos rentabilidad ninguna” , y por otro lado hay que tener en cuenta que Aragón esta a la espera de poner en marcha varios miles de hectareas de nuevos regadíos, que al precio al que se pagan fertilizantes, imputs y ahora el agua de riego, “pues habra que plantearse seriamente el agricultor si se hace algo o no, porque las cuentas no nos salen”.

El secretario regional, Carlos Ferrer, ha pedido a la DGA que explique cual ha sido el desarrollo del II Plan Renove de maquinaria agrícola, puesto que las administraciones se comprometieron a financiar con dotación suficiente las solicitudes que se presentaran y la realidad señala que las ayudas se estan denegando a la mitad de los solicitantes. Desde ASAJA se es muy crítico con la actuación de las administraciones públicas, puesto que el año pasado se vendió al sector “a bombo y platillo” que se atenderían todas las solicitudes para la renovación del parque de maquinaria agrícola, lo que redunda en una modernización en muchos casos muy necesaria, pero según los datos que maneja la organización, por ejemplo en la provincia de Huesca se tramitaron un total de 225 expedientes de los cuales 101 han sido denegados, simplemente porque no hay dinero tal y como habían comprometido DGA y el MARM. Carlos Ferrer señala que el sector ve con desilusión y escepticismo cómo las administraciones anuncian con megafonos ayudas que luego realmente no llegan, “y ahí estan los ejemplos: para el Plan Renove hubo anuncio de dotación presupuestaria suficiente para atender las peticiones que se presentaran y luego se quedan fuera el 50%, y meses mas tarde nos prometen ayudas del ICO para hacer frente a problemas de liquidez por la crisis, y esas ayudas tampoco son para el profesional del sector, sino para cooperativas e industria, que también las necesitan, pero al agricultor y ganadero de a pie no le llega”. Desde ASAJA se va a reclamar a la DGA una explicación de cómo se ha ejecutado este segundo Plan Renove y a continuación vamos a pedir explicaciones al ministerio sobre el incumplimiento de sus promesas de apoyo a este plan que ha dejado al 50% de los peticionarios absolutamente desamparados “viendo en muchos casos cómo se les deniega la ayuda por segundo año consecutivo a pesar de cumplir los requisitos, pero simplemente porque el ministerio no pone el dinero cuando se comprometió a llegar a todas las peticiones. No podemos tragarnos continuamente todas las promesas de los políticos y que luego no se cumplan” concluyó Ferrer.

El Palacio de Congresos de Huesca acogerá la asamblea anual el día 23 de marzo que celebran Jóvenes Agricultores y la Asociación Empresarial Agropecuaria AEA-ASAJA Huesca. Es la primera vez que se celebra una asamblea conjunta de ambas organizaciones agrarias, y que contará con la presencia de dos ponentes de lujo como son Manuel Pizarro, ex presidente de Ibercaja y de Endesa, y también Pedro Barato, responsable nacional de ASAJA. Carlos Ferrer, secretario general de ASAJA Aragón, ha presentado la cita, en la que se analizará la situación de crisis general y de la que no escapan la agricultura y la ganadería, con precios continuamente a la baja. En algunas producciones hay mucho excedente de stock nacional por ejemplo en maíz y de cebada, con precios por debajo de los costes de producción. ASAJA defiende que las explotaciones agrarias y ganaderas productivas reciban las ayudas establecidas por el Gobierno, eliminando las numerosas trabas burocráticas y que se agilice la distribución de fondos económicos aprobados por el MARM. En la presentación de la asamblea del día 23, para la que se espera una asistencia de unos 800 profesionales de toda la provincia, desde ASAJA Huesca se han recordado otras cuestiones de interés sindical en las que está trabajando la organización, como: 1. Demandar información a la DGA de por que se ha denegado el 50 por ciento de solicitudes del Plan Renove de maquinaria agrícola; el argumento de denegación es por falta de dinero, a pesar del compromiso que ya existía por parte de las administraciones. 2. Aunque hay mucho paro, hay también muchas dificultades para obtener mano de obra en temporada. La Administración no colabora en la medida de lo necesario; y se está incluso criminalizando al agricultor. Se pide negociación ya para la próxima campaña de temporada y analizar las necesidades puntuales. 3. Se siguen padeciendo robos, con numerosas pérdidas económicas en las explotaciones. No se frena la alarma en el medio rural y se piden medidas para agilizar los trámites a la hora de denunciar actos delictivos. 4. Flexibilizar el uso de transgénicos; hay muy poca lógica en las actuaciones de los dirigentes políticos de la Unión Europea. 5. Hacer efectivos los seguros agrarios, mensaje que se lanza a Enesa y Agroseguro. Hay que seguir adaptando los seguros a la realidad. 6. Fijar las ubicaciones para la ejecución de regulaciones hídricas que necesita Aragón, con una concreción de fechas y partidas presupuestarias.

José Fernando Luna, presidente de ASAJA Huesca, reclama la intervención de la administración para intentar frenar los problemas que están causando los topillos en nuestros campos y antes de que el problema siga creciendo. Estos roedores están ya causando serios trastornos en campos de alfalfa, que hay que labrar dos años antes de lo habitual, ya que los animales se comen las raíces y arruinan las fincas al ser la producción mucho menor. Los afectados denuncian los problemas ocasionados por estos animales, cuyas galerías subterráneas dificultan el laboreo, e incluso pueden estropear las cosechadoras aunque esta sea la forma de acabar con ellos. Desde ASAJA Huesca consideramos que el Departamento de control de plagas de la DGA debe tomar cartas en el asunto, y por ello instamos que ante los indicios de presencia de estos roedores en nuestros campos lo comuniquemos de inmediato a la administración.

En opinión del secretario regional de ASAJA Aragón, Carlos Ferrer, la normativa aprobada por el Parlamento Europeo que incluye sanciones penales por el uso de mano de obra “sin papeles”, es en cierta manera un despropósito por parte de las autoridades europeas, y en el caso de la agricultura, llevará sin duda a provocar muchísima dificultad para encontrar mano de obra que recoja sus producciones. Para ASAJA Aragón una vez más se opta por “criminalizar” en lugar de intentar solucionar de verdad las necesidades puntuales de mano de obra que tienen algunas regiones españolas y algunas producciones como las frutícolas, “con picos muy concretos de trabajo en los que la demanda es muy fuerte y en los que o se encuentra esa mano de obra o se pierde la producción, así de rotundo”, expresaba Carlos Ferrer. Y es que, según la nueva normativa aprobada, hay sanciones penales previstas por el uso de mano de obra “sin papeles”, amén de fuertes sanciones económicas, e incluso la pérdida de ayudas en 5 años. Para Carlos Ferrer, es muy injusto que se sigan dando pasos en la “criminalización” de la agricultura “y es que cada día tenemos una nueva posibilidad de ser detenidos o denunciados o sancionados: por el bienestar animal, por los fitosanitarios, sanidad, por la maquinaria, por la mano de obra…así no vamos a ninguna parte. No sabemos cual será el mecanismo, pero esta nueva normativa nos perjudica porque no es sólo que no encontremos la rentabilidad a nuestras explotaciones, es que se nos criminaliza y se nos persigue casi más que a los delincuentes comunes. Necesitamos que se nos solucionen las necesidades de mano de obra en momentos puntuales”. Según la nueva directiva aprobada, habrá mecanismos de denuncia que beneficien a los denunciantes, que incluso pueden obtener permisos de trabajo por ello; para ASAJA Aragón, “los agricultores deben, como todo el mundo cumplir la legalidad vigente, y aconsejamos obviamente que no se contraten irregulares, pero esto puede provocar cruces de denuncias por supuestas infracciones que no llevarán a nada bueno”. ASAJA propondrá a la nacional debatir propuestas para consensuar con la administración y que los agricultores y ganaderos no sean los perjudicados últimos de una nueva legislación que parece más buscar la sanción que la solución. “Vamos a colaborar por supuesto con la administración, pero necesitamos que nos escuchen y sepan y solucionen nuestra necesidad de mano de obra”, concluye Ferrer.

La petición de ASAJA Aragón realizada por escrito el día 26 de enero para analizar con la administración regional los daños por viento huracanado en infraestructuras, cosechas, naves, etc. que tuvo lugar el fin de semana del 24-25 de enero, dio como resultado la convocatoria de la Mesa de Climatología Adversa el 19 de febrero. En la reunión también se analizaron los daños por las últimas crecidas del río Ebro. Respecto al vendaval, Eva Crespo, dijo que Agroseguro ha recibido partes de siniestros de unas 6.000 hectáreas, principalmente de maíz. En infraestructuras, donde los daños han sido puntuales, el Departamento destinará 100.000 euros a la reparación de infraestructuras de riego en la zona de regadío de interés nacional de San Juan de Flumen y Cartuja de Monegros, donde se han dañado unas conducciones. En cuanto a las crecidas del río, y a la espera de que se pueda realizar una evaluación de los daños, el Departamento estima que la crecida de los días 29 y 30 de enero afectó a unas 3.500 hectáreas, mientras que la de los días 14 y 15 de febrero anegó unas 5.000 hectáreas, principalmente de trigo, alfalfa, hortaliza y en menor medida, frutales. La Secretaria General Técnica ha informado de que el Departamento de Agricultura y Alimentación va a proponer al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que se modifiquen las fechas de contratación de seguros en zonas inundables con el fin de evitar casos en los que la crecida del río llega antes del inicio del periodo de contratación de dichos seguros. En esta ocasión, hay dos cultivos que todavía no tenían abierto el periodo de contratación de seguros, como es el cereal de invierno y la alfalfa de primer año. En este sentido, Eva Crespo ha indicado que, una vez evaluados los daños, el Gobierno de Aragón estudiará algunas medidas para aquellos agricultores que se encuentren en esta situación, siempre y cuando tuvieran asegurados sus cultivos el año pasado. Asimismo, el Gobierno de Aragón va a estudiar la posibilidad de aumentar el porcentaje de retirada voluntaria de tierras en las zonas afectadas si se producen daños importantes, de tal forma que los agricultores no sufran mermas en las ayudas comunitarias. De la misma manera, solicitará al Ministerio una rebaja de los módulos fiscales por municipio y tipo de cultivo.

La Asociación General de Productores de Maíz de España, AGPME, se ha mostrado “esperanzada” de que en el seno de la UE las trabas que han puesto algunos países a los OGM vayan cayendo, gracias por ejemplo a informes científicos “contundentes” como el de la AFSSA de Francia que considera que los transgénicos NO son perjudiciales para la salud humana. El informe de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria (AFSSA) pone de manifiesto que “el maíz transgénico presenta un mismo nivel de seguridad sanitaria que las variedades de maíz convencional”. Por ello desde el AGPME se pone de manifiesto que hay que ir rompiendo la desinformación o la información interesada en hacer parecer a las multinacionales como las malas de la película, y hacer caso a los informes científicos de entidades muy serias, y que ponen de manifiesto que los OGM son seguros para consumo humano. En los próximos días el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso ha informado de reuniones de alto nivel para tratar el tema de los transgénicos y que se pedirá a Francia y a otros 3 países (Austria, Grecia y Hungría) de levantar sus cláusulas de salvaguarda. Para AGPME esas cláusulas de salvaguarda no son más que un artificio de cara a la opinión pública, a guardarse las espaldas, pero “va en contra de la propia política comunitaria, y la UE ya ha sido sancionada porque no hay ninguna razón para seguir manteniendo el veto a la siembra y producción de OGM en Europa”. La asociación confía en que, tal y como ha señalado Durao Barroso, pronto se levanten esas cláusulas y la UE pueda ponerse al mismo nivel que grandes potencias mundiales en maíz, como EEUU, Brasil, Argentina, etc. en las que el maíz OGM convive perfectamente con el convencional, “y si los agricultores pueden decidir libremente el maíz a sembrar será un adelanto pues el umbral de la rentabilidad a veces pende de un hilo muy fino. No olvidemos además que hay escasez de alimentos en muchos lugares del mundo, y muchos organismos, por ejemplo la FAO, ven los OGM como una parte de una posible solución a esa escasez alimentaria”. Desde AGPME se critica la medida anunciada por el MARM de permitir la importación de importar dos millones de toneladas de maíz con arancel reducido, lo que unido a los bajísimos precios actuales, puede suponer un auténtico desastre para los maiceros españoles.