Categoría: Actualidad ASAJA

El próximo mes de septiembre, representantes del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Economía, mantendrán una reunión en Madrid con el objetivo de que se pueda autorizar la firma del convenio para la ejecución de los planes de zona de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Esta reunión se ha acordado una vez conocido que Aragón ya está cumpliendo los objetivos de déficit, y la firma se autorizará con el compromiso de que Aragón mantenga estas condiciones económico-financieras.Esta reunión se produce gracias a la interlocución abierta mantenida entre representantes del Gobierno de Aragón y del Ejecutivo Central, tras la comunicación por parte de MARM de la imposibilidad de continuar con la tramitación del convenio de colaboración previsto “al apreciar que el convenio supondría un incremento del déficit de la Comunidad”. El Gobierno de Aragón ya presentó su plan de reequilibrio con las pertinentes medidas de ajuste al Consejo de Política Fiscal y Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, para ajustarse a los objetivos de déficit presupuestario.ÂAMPLIA PARCIPACIÓN La Mesa de Asociaciones del Medio Rural fue el órgano para la aprobación de estos planes en Madrid, una vez que habían sido aprobados por el Consejo para el Medio Rural de Aragón, compuesto por 35 miembros que representan a los Departamentos del Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales, Cortes de Aragón, Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Red Aragonesa de Desarrollo Rural, Consejo Económico y Social y Consejo de Protección de la Naturaleza.Los planes comarcales son los instrumentos de planificación que concretan las medidas y acciones contempladas de forma genérica en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (herramienta para el desarrollo de la ley), y recogen las iniciativas que el territorio quiere poner en marcha en función del modelo de desarrollo sostenible que quiere aplicar según sus potencialidades. Tal y como establece la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, estos planes deben elaborarse a través de un proceso de participación en el que estén representadas las entidades locales y los agentes sociales, económicos y ambientales de la zona.Los planes comarcales se estructuran en cuatro ejes: activación de la economía, mejoras en las infraestructuras, servicios sociales y materias medioambientales.

Algunas informaciones apuntan a que el Consejo de Ministros de mañana viernes podría dar luz verde al proceso administrativo para la licitación de las obras del embalse de Biscarrués con la autorización del gasto, lo que de hecho supondría que habría una resolución positiva de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que ésta es positiva o que se va a dar a conocer en breve y se adelanta este trámite.Según fuentes del MARM esta semana se han producido reuniones en la comisión de subsecretarios previa a los consejos de ministros; el retraso que acumula el informe DIA se debe a las distintas posturas existentes en el ministerio, ya que mientras la Secretaría de Estado de Cambio Climático es poco partidaria del embalse, la secretaría de Estado de Medio Rural y Agua apoya la postura de la Comunidad de Riegos del Altoaragón. Caso de producirse esta circunstancia, se podría desconvocar la manifestación prevista en Madrid para la última semana de este mes de julio.También mañana se podría dar otro paso al frente en el recrecimiento de Yesa, tras más de 5 años de retraso en sus trámites. Por fin el tercer modificado vio el visto bueno el pasado 22 de junio con el dictamen favorable del Consejo de Estado.

El próximo mes de septiembre, representantes del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Economía, mantendrán una reunión en Madrid con el objetivo de que se pueda autorizar la firma del convenio para la ejecución de los planes de zona de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Esta reunión se ha acordado una vez conocido que Aragón ya está cumpliendo los objetivos de déficit, y la firma se autorizará con el compromiso de que Aragón mantenga estas condiciones económico-financieras.Esta reunión se produce gracias a la interlocución abierta mantenida entre representantes del Gobierno de Aragón y del Ejecutivo Central, tras la comunicación por parte de MARM de la imposibilidad de continuar con la tramitación del convenio de colaboración previsto “al apreciar que el convenio supondría un incremento del déficit de la Comunidad”. El Gobierno de Aragón ya presentó su plan de reequilibrio con las pertinentes medidas de ajuste al Consejo de Política Fiscal y Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, para ajustarse a los objetivos de déficit presupuestario.ÂAMPLIA PARCIPACIÓN La Mesa de Asociaciones del Medio Rural fue el órgano para la aprobación de estos planes en Madrid, una vez que habían sido aprobados por el Consejo para el Medio Rural de Aragón, compuesto por 35 miembros que representan a los Departamentos del Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales, Cortes de Aragón, Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Red Aragonesa de Desarrollo Rural, Consejo Económico y Social y Consejo de Protección de la Naturaleza.Los planes comarcales son los instrumentos de planificación que concretan las medidas y acciones contempladas de forma genérica en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (herramienta para el desarrollo de la ley), y recogen las iniciativas que el territorio quiere poner en marcha en función del modelo de desarrollo sostenible que quiere aplicar según sus potencialidades. Tal y como establece la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, estos planes deben elaborarse a través de un proceso de participación en el que estén representadas las entidades locales y los agentes sociales, económicos y ambientales de la zona.Los planes comarcales se estructuran en cuatro ejes: activación de la economía, mejoras en las infraestructuras, servicios sociales y materias medioambientales.

Cuatro años después de ser aprobada, el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) se propone ahora poner en marcha la Ley de Desarrollo Rural, ley que incluye los Contratos Territoriales de Explotación como un requisito legislativo añadido por el que el agricultor suscribe nuevos compromisos de caracter medioambiental en el desarrollo de su actividad productiva. La ineficacia de este tipo de contratos, la falta de consenso que han suscitado entre las comunidades autónomas y la pésima experiencia que dejan en otros países comunitarios llevan a ASAJA a pedir al MARM su retirada de la Ley.Los Contratos Territoriales de Explotación (CTE) son una figura legislativa que se puso en marcha en algunos países como Francia tras la reforma de la PAC de la Agenda 2000, como consecuencia de planteamientos puramente “teóricos” y cuya implantación resultó un completo desastre, lo que les obligó a dejarlos aparcados. En España este tipo de contratos no se han llevado nunca a la practica, no obstante, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, sí que los contempla aunque los circunscribe exclusivamente a medidas desarrolladas en esta Ley no agraria. Son las organizaciones “ecologistas” (WWF, Greenpeace, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y otras), muy distantes de los intereses reales de los agricultores y ganaderos, las que pretenden que se utilice la figura de los Contratos Territoriales de Explotación para “reverdecer” la propia PAC en aspectos que van mucho mas alla de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, y abogan porque el agricultor suscriba nuevos compromisos de caracter medioambiental, similares a los que defienden Gran Bretaña o Suecia en la futura reforma de la PAC. Desde ASAJA entendemos que no tiene ningún sentido implementar ahora en España este tipo de contrato que ya ha fracasado fuera, maxime cuando no aporta ningún valor añadido para el agricultor y ganadero. Los estandares medioambientales con los que cumplen los agricultores españoles son ya suficientemente elevados, pero ademas, muchos agricultores españoles han suscrito voluntariamente, dentro de los programas de desarrollo rural, compromiso plurianuales mas exigentes, como son las medidas agroambientales o las ayudas a zonas desfavorecidas y otros contratos de caracter anual como es el caso de la Solicitud de Pago Único (que ademas integra la solicitud de todas la medidas), por lo que ASAJA rechaza mas compromisos medioambientales y mas burocracia. Ni siquiera este instrumento legal ha contado con el refrendo suficiente por parte de las comunidades autónomas encargadas de aplicarlo por lo que ante la falta de consenso se optó por contemplarlo como una medida opcional en cada Plan de Desarrollo Rural. Ahora, con nuevos gobiernos autonómicos en la mayor parte de España parece que lo lógico sería retirar la actual redacción de los Contratos Territoriales de Explotación y proponer una modificación del artículo 16 de la Ley que lo regula.

Esta semana se ha reunido de urgencia el grupo de contacto de melocotón y nectarina que se incluye en el Comité Mixto Hispano-Franco-Italiano de Frutas y Hortalizas y del que forma parte ASAJA Aragón de la mano de Ramón Portolés.La urgencia de la convocatoria venía por la caída de los precios originada por la crisis de los pepinos, y que ha provocado el desajuste entre oferta y demanda con la consiguiente caída de precios que requiere de medidas de gestión de crisis para evitar que la situación empeore.Los productores franceses apuntaron que los precios se hallan por debajo de costes de producción. Por parte de los productores italianos se puso sobre la mesa la necesidad de que la Comisión adopte medidas excepcionales de gestión de crisis, que permita la retirada de excedentes provocados por las caídas de precios. Esa misma postura defendió la delegación española, argumentando que la entrada en campaña de las grandes zonas de producción de los tres países, se enfrenta a una caída del consumo derivada de la crisis de los pepinos. Las actuales medidas de retirada son bajísimas, pues suponen una ayuda de 8 céntimos de euro por kilo cuando el coste asciende a 0,70 €.Los tres países acordaron estudiar la retirada de melocotón y nectarina calibra C en función de la producción y coste que supondría la medida para remitirla a los correspondientes ministerios de agricultura y también se acordó elevar protesta por la ayuda comunitaria a la retirada de 8 céntimos por considerarla absolutamente inaceptable.

El 1 de julio ha comenzado el semestre de presidencia de Polonia al frente de la UE. Durante este semestre, el comisario Dacian Ciolos presentará la propuesta legislativa de la PAC, cuestión prioritaria en materia agrícola. La presidencia quiere conseguir un acuerdo sobre el nuevo sistema de ayudas directas, basado en criterios objetivos y no históricos, así como un segundo pilar fuerte, manteniendo la política de cohesión.Dentro del futuro de la Política Agrícola Común, la presidencia quiere incidir en el apoyo a las inversiones en el desarrollo de las energías renovables en el medio rural, a partir de subproductos agrarios (biomasa) y también fomentar el futuro de la industria agroalimentaria.Otras cuestiones prioritarias van a ser el mercado lácteo (teniendo en cuenta la eliminación de las cuotas en el 2015), las políticas de calidad de los productos agroalimentarios, o la nueva estrategia comunitaria en Sanidad Vegetal (importante tras el episodio de E.coli reciente). También en este semestre de presidencia polaca se espera se inicien los debates sobre la futura propuesta de la Comisión sobre identificación electrónica del vacuno.

El 1 de julio ha comenzado el semestre de presidencia de Polonia al frente de la UE. Durante este semestre, el comisario Dacian Ciolos presentará la propuesta legislativa de la PAC, cuestión prioritaria en materia agrícola. La presidencia quiere conseguir un acuerdo sobre el nuevo sistema de ayudas directas, basado en criterios objetivos y no históricos, así como un segundo pilar fuerte, manteniendo la política de cohesión.Dentro del futuro de la Política Agrícola Común, la presidencia quiere incidir en el apoyo a las inversiones en el desarrollo de las energías renovables en el medio rural, a partir de subproductos agrarios (biomasa) y también fomentar el futuro de la industria agroalimentaria.Otras cuestiones prioritarias van a ser el mercado lácteo (teniendo en cuenta la eliminación de las cuotas en el 2015), las políticas de calidad de los productos agroalimentarios, o la nueva estrategia comunitaria en Sanidad Vegetal (importante tras el episodio de E.coli reciente). También en este semestre de presidencia polaca se espera se inicien los debates sobre la futura propuesta de la Comisión sobre identificación electrónica del vacuno.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha cifrado en unos 80 millones de euros la cantidad que España reclamará a la Unión Europea (UE) por los daños provocados en el sector hortofrutícola español a causa de la crisis alimentaria por la bacteria «E.coli» en Alemania. La ministra, ha señalado que ya han recibido las certificaciones de las comunidades autónomas y las aclaraciones que debían hacer en relación a los perjuicios causados por esta crisis. Para compensar al sector, que cifró en España los daños en unos 200 millones semanales, la Comisión Europea (CE) ha fijado un fondo para los países afectados de 210 millones de euros que cubrirán las pérdidas de los productores de pepino, pimiento, tomate, lechuga y calabacín que se vieron obligados a retirar su producción del mercado por la crisis. En relación a las indemnizaciones previstas, la CE anunció recientemente que esperaba contar con los datos rigurosos de los países sobre los volúmenes afectados antes del próximo 18 de julio para que el Comité de gestión (que reúne a expertos de los Veintisiete) pueda hacer balance de la situación de los mercados el próximo 22 de julio. En esa fecha los países tendrán que haber presentado sus peticiones, ya que la CE quiere que el dinero pueda llegar a sus destinatarios a finales de este mes de julio.

La administración busca hoy lunes pistas para saber el motivo de la muerte de 123 ovejas en la zona de San Valeri, núcleo cercano a San Feliu de Veri, localidad ribagorzana, en la madrugada del sábado al domingo. Los animales murieron por asfixia al precipitarse por una zanja en estampida tal vez asustadas por la presencia de un plantígrado.Horas antes del ataque, pastores y propietarios del rebaño, ya lo notaron nervioso, tal vez intuyendo la cercanía del oso por la zona. Hay que recordar que no hace mucho se detectó la presencia del oso en la zona de Llert, y su ataque se saldó con varias ovejas muertas por los zarpazos del plantígrado.Desde ASAJA Huesca se espera el informe de los técnicos que se acerquen a la zona a identificar la causa de este grave incidente antes de actuar en consecuencia una vez se tenga toda la información.Fotografía: Diario del Altoaragón

La administración busca hoy lunes pistas para saber el motivo de la muerte de 123 ovejas en la zona de San Valeri, núcleo cercano a San Feliu de Veri, localidad ribagorzana, en la madrugada del sábado al domingo. Los animales murieron por asfixia al precipitarse por una zanja en estampida tal vez asustadas por la presencia de un plantígrado.Horas antes del ataque, pastores y propietarios del rebaño, ya lo notaron nervioso, tal vez intuyendo la cercanía del oso por la zona. Hay que recordar que no hace mucho se detectó la presencia del oso en la zona de Llert, y su ataque se saldó con varias ovejas muertas por los zarpazos del plantígrado.Desde ASAJA Huesca se espera el informe de los técnicos que se acerquen a la zona a identificar la causa de este grave incidente antes de actuar en consecuencia una vez se tenga toda la información.Fotografía: Diario del Altoaragón