Los Contratos Territoriales de Explotación (CTE) son una figura legislativa que se puso en marcha en algunos países como Francia tras la reforma de la PAC de la Agenda 2000, como consecuencia de planteamientos puramente teóricos y cuya implantación resultó un completo desastre, lo que les obligó a dejarlos aparcados. Desde ASAJA entendemos que no tiene ningún sentido implementar ahora en España este tipo de contrato que ya ha fracasado fuera, maxime cuando no aporta ningún valor añadido para el agricultor y ganadero. En España este tipo de contratos no se han llevado nunca a la practica, no obstante, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, sí contempla este tipo de contratos, si bien los circunscribe exclusivamente a medidas desarrolladas en esta Ley no agraria. Sin embargo, las organizaciones medioambientalistas (WWF, Greenpeace, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y otras), muy distantes de los intereses reales de los agricultores y ganaderos, pretenden que se utilice la figura de los Contratos Territoriales de Explotación para reverdecer la propia PAC en aspectos que van mucho mas alla de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, y abogan porque el agricultor suscriba nuevos compromisos de caracter medioambiental, similares a los que defienden Gran Bretaña o Suecia en la futura reforma de la PAC. Los estandares medioambientales con los que cumplen los agricultores españoles son ya suficientemente elevados, pero ademas, muchos agricultores españoles han suscrito voluntariamente, dentro de los programas de desarrollo rural, compromiso plurianuales mas exigentes, como son las medidas agroambientales o las ayudas a zonas desfavorecidas y otros contratos de caracter anual como es el caso de la Solicitud de Pago único (que ademas integra la solicitud de todas la medidas), por lo que ASAJA rechaza mas compromisos medioambientales y mas burocracia. La posibilidad de emplear los CTE como instrumentos basicos para la aplicación de los programas de desarrollo rural en el conjunto de las comunidades autónomas fue objeto de debate en el Plan Estratégico Nacional y en el Marco Nacional, y como resultado de una falta de consenso se optó por contemplarlos como un elemento común y opcional en cada Plan de Desarrollo Rural. De hecho esta figura solo la ha utilizado hasta ahora Baleares y para una medida no agraria, sino ambiental. Posteriormente en el marco de reuniones específicas sobre CTE la gran mayoría de las CC.AA. se pronunciaron en contra de implementar esta figuras a través del Real Decreto que las organizaciones medioambientalistas pretenden impulsar, especialmente debido a que estos CTE no sólo no aportan ningún valor añadido al agricultor, sino que ademas multiplican la complejidad tanto para el agricultor como para la Administración. En lo que respecta a la propia ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, marco al que teóricamente deberían restringirse los CTE, de los planes de zona presentados hasta el momento, Asturias es la única que ha incluido esta figura contractual. Por otra parte, el Real Decreto que pretenden impulsar los medioambientalistas no es necesario en ningún caso para que aquellas CC.AA. que lo crean conveniente puedan aplicar los CTE en el marco de la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural o en los propios Planes de Desarrollo Rural, por lo que el único objetivo que persiguen los organizaciones ecologistas que pretenden que se apruebe este Real Decreto es el de contar con una norma de caracter nacional que incida en sus pretensiones de ligar la figura de los CTE con el modelo de PAC absolutamente verde que defienden, en la que la vertiente productiva de la actividad agraria tiene un plano totalmente secundario.
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